Poder Legislativo
        Provincia de Tierra del Fuego
    Antártida e Islas del Atlántico Sur  
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BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Debido a la importancia de realizar acciones tendientes a la utilización eficaz de los fondos públicos, destinados a políticas sociales, culturales y deportivas, como a brindar la información apropiada ; resulta necesario instrumentar herramientas para que , el Estado tenga un adecuado control de los individuos e instituciones beneficiarias de fondos públicos y por otro lado , la ciudadanía pueda expresarse  y participar activamente de la formación y control de las políticas públicas.
Los ciudadanos poseen derechos y responsabilidades que ejercer en el marco de la democracia participativa. Estas están vinculadas a la participación en el proceso de toma de decisiones como en los mecanismos de acceso al control e información sobre la utilización de los fondos públicos.
Nuestra Constitución ha sido generosa al incluir amplias facultades de participación posible y realizable. La libertad e igualdad  de oportunidades, asociarse con fines pacíficos, a expresarse e informarse, a agruparse en defensa de sus intereses, peticionar ante las autoridades y recibir respuesta de las mismas, derecho a la información, protección de los intereses difusos y la iniciativa popular son herramientas que los constituyentes le proveyeron a la ciudadanía para que ésta pueda insertar su voluntad en el complejo y hasta ahora a veces lejano proceso de formación de las políticas públicas.
Por otro lado, es importante destacar que la participación en el control y la asignación de los fondos públicos no son propiedad de los que los ejecutan sino de los ciudadanos  que, con sus tributos, contribuyen incluso económicamente a su producción. Los dueños de los fondos que asignan los poderes públicos son todos los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego. Esta es la razón por la que el derecho a consultar en cualquier momento y con cualquier motivo se encuentra en la cabeza de todos aquellos que contribuimos con nuestras rentas a solventar los costos de la asignación de recursos.
Así también, la responsabilidad ciudadana se vincula con el hecho de poder contribuir al control de los fondos destinados al bienestar de la comunidad, más cuando ellos son implementados por aquellos que fueron designados para asignarlos. Más aún, la imperiosa necesidad de contar con mayor transparencia en la labor de los funcionarios y la obligación de rendir cuentas de sus actos de gobierno sólo cobran sentido si existe una ciudadanía activa que esté dispuesta a ejercer ese control y a demandar esa rendición de cuentas.
La Constitución de la Provincia ha sido sabia al incorporar en su texto los principios rectores del Estado de Derecho. Este espíritu se ha manifestado tanto en normas más generales y abarcativas como el artículo 4º que dice “La soberanía emana del Pueblo y reside en él, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades constituidas, y por sí en las formas previstas por esta Constitución”. También el artículo 46 cuando dice que “La información y la comunicación son un bien social. De igual manera, nuestra Carta Magna expresa que “Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma en que la ley determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquellos relacionados con la percepción de inversión de los fondos públicos proclamados en el artículo 8º. De esta manera esto constituye una de las herramientas eficaces para el control popular y es fundamento mismo de la participación.
Sin embargo, el derecho al libre acceso a la información pública como participación  activa en las instancias de interés de la comunidad no es un concepto de implementación novedosa ya que tiene profundas raíces en la tradición y percepción de la democracia occidental. Es importante mencionar que una de las primeras normas en expresar este principio fue la Real Ordenanza  sueca de 1776 sobre la libertad de prensa, en la cual contemplaba el acceso a la información pública. Ya en tiempos contemporáneos, la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de 1966 constituye el esfuerzo más ambicioso y completo en materia de regulación y protección de este derecho básico para hacer efectiva la participación ciudadana.
Tener acceso a la información apropiada es un requisito previo de la participación ciudadana. No es factible participar en ninguna instancia de un proceso de toma de decisiones o de control del gobierno si no se cuenta con la información necesaria para poder intervenir en ambos casos. La participación y el pleno conocimiento de los actos de gobierno es un componente clave del Estado de Derecho y, como tal, no puede quedar librada a la voluntad de aquellos que se encuentran en la función pública. 
La obligación de rendir cuentas y de utilizar con eficacia  los fondos destinados al desarrollo integral de la comunidad le corresponde a aquellos que han asumido la elevada responsabilidad de conducir las cuestiones públicas y, por ese motivo, no puede quedar en sus propias manos la discrecionalidad de decidir sobre el uso racional de los mismos y cercenar las iniciativas que surjan con el fin de realizar inversiones sociales sustentables. La unificación  en la convergencia de la inversión de los fondos sociales es un mecanismo de control de los gobernantes como de los gobernados. Es por esto que, no pueden ser quienes ejecutan las partidas, los que decidan cuándo y cómo  se accede y  activa el mecanismo de control. De hecho se reconoce que es factible obtener, mediante el conocimiento preciso, una superposición de beneficios.
Por lo pronto, hasta ahora se ha presentado el derecho al conocimiento sobre la inversión de las políticas y fondos sociales como sustantivo para el ejercicio de la soberanía, éste es también de suma importancia para el  correcto funcionamiento de los poderes públicos. De tal forma, se generan beneficios indiscutidos en materia de transparencia y equidad social. El Estado precisa de la mayor cantidad y calidad de información posible para poder instrumentar aquellas acciones que beneficien de mejor manera a la comunidad. Esta posibilidad de que los ciudadanos opinen fundadamente en los temas que son de su interés sólo es posible en la medida que tengan la opción de contar con los instrumentos necesarios. Resulta imposible para los ciudadanos colaborar con la acción de gobierno, proporcionando información y alternativas, si aquellos que tienen la posibilidad de generar espacios de relación con la comunidad actúa en  la oscuridad de sus despachos.
La información se ha constituido en las últimas décadas en un factor determinante como elemento de conformación de poder, y éste debe administrarse con la mayor sabiduría. Por lo pronto, como expresa la Constitución Provincial, “la soberanía emana del pueblo y reside en él” La voluntad ciudadana puede generarse si ésta tiene, a su vez, información sobre los asuntos públicos. De este modo,  una ciudadanía mejor informada podrá alcanzar una mejor calidad  de las decisiones públicas y aportar alternativas en épocas de escasez de recursos.
Por otro lado, se ha producido un prominente desgaste y desprestigio  acelerado que en forma creciente afecta a los funcionarios del Estado, todo pareciera orientarse a que solamente una mayor transparencia de la gestión pública podrá contribuir a recrear las relaciones y reencontrar la confianza y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno con aquellos que forman parte de la ciudadanía.
Por último, la consolidación de un estado más eficiente y una democracia fuerte necesita de una sociedad civil activa y desarrollada; capaz de asumir sus responsabilidades. Indudablemente que para que ello sea factible se necesita de un mayor acceso a la información como acto preliminar para cualquier fortalecimiento.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CREACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO  DE ASIGNACIÓN DE FONDOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS.

Artículo 1º: Creación. Créase en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego el Registro Único de Asignación de Fondos Sociales, Culturales y Deportivos en el que deberán volcarse las asignaciones realizadas por aquellos organismos que operen con fondos de origen público.

Artículo 2º: Obligatoriedad. Establécese como obligatorio el registro del origen y destino específico  de los fondos públicos que se utilicen para promover políticas y acciones sociales, culturales y deportivas por parte de los organismos públicos provinciales, entes autárquicos, organismos descentralizados como así también los fondos asignados a asociaciones intermedias y a los ciudadanos que individualmente peticionen apoyo  para aquellas actividades.

Artículo 3°: Derecho a la información. Toda persona física o jurídica tiene el derecho a solicitar y recibir la información que obre en el Registro sin más formalidad que la individualización de la norma de cuya publicación se requiere.

Artículo 4º: Publicidad. La utilización de los fondos a los que refiere la presente ley está sometida al principio de publicidad de los actos de gobierno establecido en el artículo 8º de la Constitución Provincial.

Artículo 5º: Omisión.  La omisión de la publicación a la que refiere el artículo 3º se considerará como negativa de la Administración  a hacer públicos sus actos habilitando a quienes lo soliciten la instancia judicial correspondiente para hacer efectivo el derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12de la presente.

Artículo 6°: Provisión de información.  La Administración está obligada a proveer la información contenida en el Registro. A los efectos de la presente ley se entiende por información a cualquier tipo de documentación donde conste el financiamiento del Presupuesto General de la Provincia en acciones vinculadas con políticas sociales, culturales y deportivas.
La solicitud de información no implica la obligación de la Administración a producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido. 
De acuerdo al párrafo anterior, la Administración deberá comunicar por escrito que la negativa a la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Artículo 7º: Autoridad de Aplicación. Se determina como Autoridad de Aplicación de la presente ley a la Secretaría de Hacienda.

Artículo 8º: Plazos.  El Órgano de Aplicación deberá otorgar la información solicitada en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles.
El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por otros 10 (diez) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la Autoridad de Aplicación deberá comunicar antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de la prórroga excepcional del segundo plazo.

Artículo 9º: Constancia. En todo caso el Órgano de Aplicación deberá entregar al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

Artículo 10º: Silencio de la administración. El silencio de la Administración frente a la demanda de información se considerará como negativa.

Artículo 11: Requerimiento judicial. Ante la denegación expresa o tácita del Órgano de Aplicación, el solicitante podrá requerirla judicialmente por la vía expedita y rápida de amparo establecida por los artículos 43 de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución Provincial. En este supuesto en materia de costas del proceso se procederá de oficio o a pedido de parte de conformidad con lo establecido por el artículo 188 de la Constitución Provincial en lo que respecta a la responsabilidad de los funcionarios públicos y sin perjuicio del artículo 12 de la presente.

Artículo 12: Responsabilidad. El funcionario público o agente responsable que, en forma arbitraria, obstruyere el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, será considerado incurso en falta grave a sus deberes y le será aplicable el régimen sancionatorio vigente en el lugar donde presta funciones.

Artículo 13: Arancelamiento. El solicitante deberá abonar como arancel el equivalente a los costos de reproducción de la información solicitada de acuerdo al siguiente detalle:
1.	Si el requerimiento es parte de una actividad con fines de lucro, el örgano de Aplicación podrá solicitar la totalidad de los gastos correspondientes al doble del arancelamiento establecido en el párrafo anterior
2.	Si el solicitante es una institución educativa o científica sin fines de lucro o una persona física o jurídica que en forma regular publica  o distribuye información al público, sólo se aplicará el arancel equivalente a los costos de reproducción.
3.	Si la solicitud obedece a satisfacer el interés público en general debido a que ella contribuirá en forma significativa a una mejor comprensión acerca del funcionamiento o las actividades de la Administración y no será utilizada con fines de lucro por el solicitante, el Órgano de Aplicación podrá en forma discrecional disponer la completa gratuidad del trámite.
En aquellos casos en los que el pedido de información no sea para fines comerciales, las cien primeras fotoduplicaciones de hojas tamaño carta, oficio o similar, no importarán el pago de arancel alguno
En los casos en que el costo del trámite no exceda el monto de $ 250 ( pesos doscientos cincuenta), el Órgano de Aplicación no podrá demandar el pago adelantado del arancel, a menos que el solicitante tenga algún antecedente de mora en el pago del mismo.

Artículo 14: Reglamentación.  El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley  a los treinta días contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Artículo 15:  Invitación a los municipios: Invítase a los municipios y comunas a dictar en su jurisdicción  normas en el mismo sentido  e integrar la información.

Artículo 16|:  Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese.